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El Capitán en su laberinto


1 de Agosto de 2013 - Anahí Durand Foto - El Capitán en su laberinto

Transcurridos dos años, poco o nada parece quedar de los ímpetus desafiantes con los que Ollanta Humala inició su mandato. La juramentación por la Constitución del 79, la promulgación de la Ley de Consulta Previa o la negociación de impuestos a las sobreganancias mineras alteraron los ánimos de empresarios y políticos defensores del establishment. No faltó quien advirtió la inminente debacle populista ni quien amenazó con retirar sus inversiones si el gobierno emulaba al ‘chavismovelasquismo’. Si bien algunos hechos derivados de la suscripción de la Hoja de ruta, como la designación de Castilla al Ministerio de Economía, evidenciaban que no sería esa la vía, fue sólo con la cerrada defensa a la inversión asumida en la crisis de Conga que los grupos de poder quedaron medianamente convencidos que Humala no se apartaría de su camino. A partir de dicho alineamiento, lo que ha seguido es  más de lo mismo en materia de política económica, productiva o minero energética; y la postergación de urgentes reformas, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el manejo de recursos naturales, el respeto a los pueblos indígenas, y en general en el rol del Estado como garante de derechos universales, más allá de los programas sociales focalizados presentados como políticas de inclusión.

Para el gobierno, la opción por la continuidad ha significado tratar de mantener una precaria estabilidad con un partido nacionalista inexistente, sin aliados  a la izquierda – ni partidarios ni sociales - y una bancada mediocre sin capacidad de iniciativa. A ello se agrega la permanente desconfianza de las élites políticas y empresariales, poco dispuestas a olvidar las “fallas de origen” del nacionalismo y por lo tanto prestas a atacar  cualquier posible desviación; tal como lo hicieron frente al intento estatal de comprar los activos de REPSOL. En este escenario, la soledad del gobierno es evidente, lo mismo que su acelerado desgaste agudizado por las recientes “repartijas”, forzadas para conservar la alianza con Perú Posible y no terminar de enemistarse con el Fujimorismo. En sus cálculos, no contemplaron la reacción de la ciudadanía indignada por la forma en que se pretendía manejar la Defensoría y el Tribunal Constitucional, dos de las pocas instituciones que aún gozan de altos niveles de confianza entre la población. La protesta ciudadana incrementa el aislamiento del presidente, evidenciando que Humala y su círculo cercano sobreestimaron el apoyo de las elites empresariales como garantía de llevar la gestión sin mayores sobresaltos, y hasta con alta aprobación en los sondeos de opinión. Hoy, la calle y las mismas encuestas demuestran que no es así ni lo será en adelante.

Deteniéndonos en las protestas, conviene analizar el escenario menos limeñamente. En perspectiva, los conflictos de Conga, Espinar, Cañaris, las huelgas del sector salud, los reclamos de los trabajadores púbicos contra la Ley Servir y las recientes marchas contra la denominada “repartija” configuran un panorama extendido de descontento. No olvidemos que los conflictos del primer año en Cusco y Cajamarca, fueron rápidamente catalogados por adeptos al régimen como un entendible malestar de provincianos que aún no “percibían” los beneficios del modelo económico;  protestaba ese 30% del electorado que llevó a Ollanta a primera vuelta, esos que votaron por la gran transformación. Es por ello que la vuelta a la calle en las ciudades, y principalmente en Lima, agrega complejidad a la situación política marcando un distanciamiento del gobierno con los sectores medios urbanos, supuestamente los principales beneficiarios del crecimiento económico.

Las jornadas del 22, 27 y 28 de julio expresaron una sensación de fraude y decepción compartida, movilizándose no sólo jóvenes de clase media, sino también gremios sindicales y diversos colectivos que ven vulnerados sus derechos por un status quo terriblemente conservador como ocurre con las y los LGTB, las mujeres, los pueblos indígenas, entre otros. La masividad de las protestas y esta amalgama de actores y demandas demuestran que sin reformas sustantivas a las estructuras de poder avaladas por el marco constitucional de 1993, con manejos turbios de las instituciones y sin condiciones de bienestar para las mayorías, difícilmente podrá mantenerse la gobernabilidad neoliberal.


De otro lado, vale resaltar la potencia desplegada en las últimas movilizaciones en tanto las fisuras que pueden abrir al discurso hegemónico que exalta la imagen de un Perú exitoso a cualquier precio, incluso sobre la corrupción y la componenda. Fisuras que expresan la necesidad de proponer y oponer otros discursos que respondan a las expectativas de desarrollo de los sectores populares resaltando aspectos  como la  solidaridad,  la ética y la igualdad con respeto a la diversidad. A la par, queda pendiente la tarea de construir una nueva representación política que dispute desde la izquierda al fujimorismo y los independientes la identificación y el voto de las mayorías, es decir de los menos favorecidos por el continuismo. La construcción del Frente Amplio de Izquierdas es un proceso que apenas empieza y tiene a su favor la convicción compartida que no se puede ganar divididos en pequeños grupos ni aupando a un caudillo. Ad portas de un proceso electoral es probable que los esfuerzos se centren en campañas y candidatos, pero no por ello debe abandonarse  el trabajo en torno a un programa unitario, un nuevo proyecto de país y por la  articulación real de los distintos actores críticos sobre la base de nuevas formas de hacer política y el urgente recambio generacional. Este proceso tendría que incluir también un mayor protagonismo de organizaciones sociales, muchas de ellas debilitadas,atrapadas en el burocratismo y conflictos internos, pero vitales parareconstruir un tejido social politizado que amplíe y sostenga la oposición al modelo.

¿Qué puede hacer Ollanta para salir de su laberinto estos largos tres años por venir? Según el escueto discurso presidencial, se insistirá en los programas sociales y se incrementará la inversión pública esperando,si bien no aumentar su base social, por lo menos neutralizar una oposición activa. Frente a las protestas todo indica que se apelará a la represión, criminalización y amedrentamiento, como ya lo hizo invocando al archiconocido cuco del terrorismo en su versión MOVADEF. Pero, además de lo que haga o deje de hacer el ex capitán Carlos y su entorno por mantener el establishment, si lo que interesa es transformar dicho orden las preguntas tienen que ser otras. Por ejemplo, ¿qué puede hacer la población estos tres años para desmontar el aparato económico, legal e ideológico heredado del fujimorismo y juiciosamente continuado por Toledo, García y Humala a costa de la corrupción y violación de los derechos humanos?, ¿Qué proponen los sectores críticos para superar el modelo productivo reprimarizador, incapaz de generar bienestar para las mayorías? ¿Cómo superar la fragmentación y desconfianza presente en un “campo popular” que incluye un variopinto espectro de grupos e individuos transformados a su vez por veinte años de neoliberalismo, y todo lo que implica también a nivel subjetivo y cultural. Las respuestas tienen que darlas los mismos actores y eso pasa por asumir que hay una lucha  política que dar desde el debate programático, la propuesta de otros discursos e imaginarios, manteniendo la indignación y la protesta en las calles, pero sobre todo afianzando espacios de autonomía, liberados de los consensos imperantes para atreverse a construir la vieja apuesta mariateguista de un Perú nuevo en un mundo nuevo.

Tomado de El Cielo Por Asalto

 

 

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