Hijos / Hijas de Perú

Lxs Abogadxs toman la Palabra


14 de Octubre de 2009 - Invitado

SOBRE EL TEMA DE LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS:


Nuevamente el gobierno de turno, pretende eliminar el derecho de los sentenciados por el delito de terrorismo, a obtener su liberación condicional antes de cumplir plenamente sus elevadas condenas. Felizmente diversas personalidades se han pronunciado en contra del propósito del Ejecutivo: parlamentarios como el doctor Javier Valle Riestra, Raúl Castro Stagnaro, a quienes de ninguna forma se les puede señalar de alguna cercanía con este tipo de delito. La doctora Beatriz Merino en su calidad de Defensora del Pueblo, y el propio Presidente del Poder Judicial doctor Javier Villa Stein. Ellos se pronuncian en forma favorable a que se sigan otorgando los beneficios penitenciarios pues su posición es correcta, justa, y nosotros como abogados en ejercicio, por muchos años, respaldamos.

En nuestra labor, que ha sido coherente con el compromiso de la Orden de DEFENDER CAUSAS JUSTAS, “ORABUNT CAUSAS MELIUS” dice nuestro juramento, somos testigos de los cerca de sesenta mil ciudadanos que en la década del noventa, luego de expedido el Decreto Ley 25475, fueron detenidos, encarcelados por el delito de terrorismo, con todo lo que ello significó para dichas personas. Algunos fueron liberados luego de penosas detenciones, otros estuvieron en cuarteles militares, la mayoría pasó por los diferentes centros carcelarios del país. Muchos salieron en libertad luego de prolongados procesos judiciales realizados por los llamados jueces sin rostro o por los tribunales militares, en calidad de absueltos por ser injustamente privados de su libertad. Un buen número fueron liberados por el gobierno de Fujimori a través de la Comisión-Ad hoc, mediante los indultos por ser considerados inocentes. En honor a la verdad, decimos que los indultados en ese gobierno son la mayoría, en relación a los que salieron con los siguientes gobiernos.

Por último, con los nuevos procesos judiciales seguidos a partir del 2003, buen número de los acusados por terrorismo, han salido libre como consecuencia de que cumplieron su condena o fueron encontrados inocentes. A ello hay que sumarle los condenados que han obtenido su liberación condicional, que en relación a los otros casos podemos decir que son una absoluta minoría. Si hacemos un recuento de esas decenas de miles, incluyendo los recientemente liberados con beneficios penitenciarios, encontramos que no hay casos de reincidencia, o que hayan vuelto a delinquir, ¡emplazamos al Gobierno que cite algún caso concreto! no existe y así lo decimos con pleno conocimiento pues estamos cerca a la Policía, cerca al Poder Judicial y Ministerio Público. El Ejecutivo en su exposición de motivos para el pedido de derogatoria del Decreto legislativo 927, argumenta la peligrosidad del delito de terrorismo, y señala también de que el Tribunal Constitucional no ha tenido una posición definitiva sobre el otorgamiento de los Beneficios Penitenciarios. Al respecto decimos que ambos criterios son equivocados y falsos: es cierto que el delito en si es grave, pero no por ello se tendría que mantener encerrados a los que fueron condenados. Ellos ya están cumpliendo su condena, están pagando su deuda con la Sociedad.

No debemos olvidar que el régimen carcelario que tuvieron los sentenciados por terrorismo ha sido duro, inhumano, como fue señalado por diferentes Instituciones de los Derechos Humanos, a nivel nacional e internacional. La situación que aún subsiste en la Base Naval del Callao sigue avergonzando a los que respetamos las normas constitucionales y legales. En cuanto a la posición del Tribunal Constitucional, reconoce la legalidad y justeza del beneficio penitenciario, está ello señalado en forma concreta en su sentencia de 3 de enero del 2003 en el expediente Nº 010-2002-AI/TC. Entonces la negación de la liberación condicional que plantea el Ejecutivo no tiene el objetivo de abordar el tema de terrorismo, pues la realidad e historia reciente de los liberados por beneficios penitenciarios lo desmienten absolutamente. De lo que se trata es de seguir manteniendo una actitud de venganza contra quienes ya están pagando con creces por lo hechos que cometieron, y más bien se desvía la atención sobre otros temas de interés colectivo y mayoritario.

EL DERECHO A LA LIBERACION CONDICIONAL

El beneficio penitenciario es un derecho, así lo hemos reivindicado permanentemente. Derecho reconocido por el artículo 139 inciso 22 de nuestra Constitución Política. Reconocido también por el artículo IX del Título ingresa a un establecimiento penal, donde tiene que demostrar conducta ejemplar, que trabaja y/o estudia, que con sus actos expresa su arrepentimiento y que es consciente del gravo daño causado a la Sociedad. Es evaluado semanalmente, con las terapias que realizan los profesionales de Psicología y Asistencia Social. Cada seis meses, son evaluados en forma colectiva por el Equipo de Tratamiento que concurre destacado de diferente Penal. Y cuando se presenta el expediente para obtener el beneficio penitenciario, el representante del Ministerio Público que concurre al centro penitenciario, tiene la facultad, y así lo realiza, de entrevistar al Director del mismo, al encargado de Seguridad, al Jefe del Órgano de Tratamiento, a los profesionales en las áreas de psicología, asistencia social y legal, para recién dar el visto bueno para que el expediente llegue al Juzgado, donde recibirá la evaluación del señor Fiscal que se pronuncia, hasta que por último el señor juez resolverá otorgando o denegando el beneficio requerido. Por si fuera poco, obtenida la liberación condicional, el beneficiado tiene que asistir cada mes ante el Órgano de Tratamiento del I.N.P.E. donde es evaluado en su avance y desarrollo en la calle, además, son vigilados por los miembros de la Policía, son visitados en forma periódica en sus domicilios tanto por los funcionarios del I.N.P.E. como por los representantes del Ministerio Público. No es un trámite sencillo, breve, sino todo lo contrario.

Hace poco, entre gallos y medianoche, el señor Ministro de Justicia mediante Decreto Supremo 012-2009-JUS, ha incorporado otra carga al procedimiento para obtener el beneficio penitenciario, haciéndolo más pesado y prolongado. Con el riesgo de que no se culmine satisfactoriamente dicho procedimiento. Es necesario llamar a la reflexión respecto al criterio de criminalizar todo, de plantear supuestas soluciones metiendo preso a cualquiera, pues sólo son los más pobres, los más humildes, los que colman las cárceles del país. Hay problemas de carácter moral, ético, que con el tiempo la Sociedad peruana ha ido asumiendo, irradiando a las familias estos aspectos negativos.

Ratificamos nuestra posición, ¡DEBE RESPETARSE EL DERECHO AL BENEFICIO PENITENCARIO!, los condenados por el delito de terrorismo tienen una carcelería de quince años promedio, que han demostrado su voluntad de ser útiles a sus familias y a la Colectividad, por ello han forjado cultura de trabajo y estudio en penales que antes eran centros convulsionados, como por ejemplo el antes tenebroso penal “Miguel Castro Castro” que hoy es penal modelo, gracias al aporte fundamental de los sentenciados por terrorismo. Convocamos a colegas, a personalidades e Instituciones, a sumarse a la reivindicación del derecho al beneficio penitenciario.

 

 

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